Mediocaracia y partidocracia
La crisis electoral y política que propiciaron juntos el foxismo, los medios de comunicación, los grandes empresarios nacionales y extranjeros y sus comunicadores, obligó a los políticos mexicanos a responder a ese reto porque nuestro país no puede repetir una situación igual en el 2009 y menos en el 2012. La gravedad del asunto generó unanimidad en el Congreso de la Unión para proponer, en el marco de la Reforma del Estado, una Reforma Electoral que fuera al fondo del asunto: normar la participación de los gobernantes y de los medios de comunicación y sacar a los poderes fácticos de los procesos electorales.
Esta decisión se pudo concretar porque una parte de los causantes de la crisis político electoral del 2006, convertido ya en gobierno, en su necesidad de obtener recursos económicos para llevar adelante sus propósitos de gobierno, tuvo que aceptar un intercambio político. Así se entrelazaron irremediablemente reforma fiscal con reforma electoral. Así la unidad que posibilitó el triunfo de 2006 quedó escindida. Así se abrió la posibilidad de recuperar para el Estado Mexicano espacios políticos institucionales que le habían sido quitados por poderes fácticos y de limitar los excesos del libre mercado, del liberalismo económico, al menos en el área de medios de comunicación.
El eje sobre el cual giran éstas dos posibilidades se ubicó en lo medios masivos de comunicación electrónicos, porque ese fue el eje sobre el que rondó la estrategia del gobierno anterior, del actual y de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Los medios electrónicos fueron los que llevaron el mayor peso de un proyecto que ahora se piensa prolongar hasta el 2025, según ha dicho quien despacha en Los Pinos. La industria de la manipulación de las conciencias, como se le llamó en los inicios de la era neoliberal, fue el punto sobre el cual se pervirtió y se vició nuestra incipiente democracia.
Los medios masivos electrónicos ejercen un poder importante, ciertamente no quieren gobernar, pero si ser parte de un gobierno que defienda sus intereses y los de sus aliados. Reconocemos que los medios contribuyen al debate democrático, pues permiten una diversificación de la información y favorecen a la maduración política del electorado; pero, por la influencia que tienen en la vida cotidiana al condicionar y estandarizar nuestros comportamientos, usan ese poder para transformar la política en espectáculo, para hacer un negocio muy redituable con recursos públicos, para fortalecer sus intereses particulares y de grupo y, como ha estado sucediendo últimamente, para distorsionar la información y tratar de chantajear, como es el caso de los senadores que fueron amenazados de sacarlos de las pantallas cuando participaran en alguna candidatura.
En suma, los medios sometieron a la política y a los políticos y se convirtieron, ellos sí, en un peligro para la democracia. Se llegó pues a excesos ya insoportables que era preciso detener. Por ello, los partidos requerían de un nuevo modelo de comunicación entre ellos y la sociedad; cambiar, pues, el orden mediático monopolizado y secuestrado por los medios masivos de comunicación electrónica. Romper la dependencia enfermiza de los partidos y de los políticos con los medios de comunicación. Decidieron, por tanto, con las armas de la ley, romper esa dependencia y fortalecer al Estado mexicano.
Lo que pierden los integrantes de los medios de comunicación con los cambios a la constitución es mucho. Por ello, cuando el senado invitó a los dueños de los medios de comunicación electrónica a intercambiar opiniones sobre ese nuevo modelo de comunicación, echaron toda la carne al asador para evitar cualquier cambio. Llevaron a todos los comunicadores estrellas que tienen en los segmentos noticiosos, los que a su vez compran y revenden espacios publicitarios. Ahí se presentaron como unas almas de dios preocupadas por la democracia: negaron que el dinero fuera su móvil; se asumieron como los garantes e impulsores de la democracia, acusando a los políticos de falta de credibilidad y a los partidos de fomentar la partidocracia al querer adueñarse del IFE, vía la destitución anticipada de los consejeros de éste organismo; hablaron de que se está queriendo atacar la libertad de expresión; que la decisión de eliminar los gastos publicitarios discrecionales y usar sólo los tiempos oficiales para la propaganda electoral de los partidos era una decisión expropiatoria, porque ello significa destinar para la difusión electoral el 30% de sus espacios estelares con un reflejo negativo en el rating y, finalmente, que se quiere regresar al estatismo o al estalinismo o avanzar hacia el Chavismo.
Eso nos lleva a otro punto fundamental del conflicto no discutido pero si expresado: el ideológico. El que el Estado recupere espacios institucionales perdidos o que el Estado rescate por vía constitucional su función social y mediadora en el área de medios de comunicación y electoral, les causa temor. Ese temor expresado es propio de los neoliberales. Ellos se impusieron debilitando al Estado y lo que quedó de él lo orientaron y lo fortalecieron para su beneficio. Es falso que no necesiten del Estado y que lo vayan a desaparecer, requieren de uno a modo y ahí es donde está la verdadera lucha. Los perdedores en esta lucha no son sólo los medios de comunicación, también alcanza a los grupos de poder, los llamados poderes fácticos, que se impusieron en 2000 y repitieron en 2006 quieren llegar así hasta el 2025. ¿Se puede entender de otra manera el apoyo al CIRT por el CCE y de los hombres de negocios?
Finalmente, el senado aprobó por mayoría su propuesta de modificar nueve artículos de la constitución y, como es una reforma constitucional, debe seguir un proceso largo hasta que finalmente entre en vigor. Sigue el camino de la cámara de diputados y de los congresos locales, así todavía no se puede cantar victoria.
En este largo trecho que falta, ya anunciaron los dueños de los medios que hablarán con los gobernadores para tratar de revertir lo que el senado ya les acotó. No es descabellado pensar que el chantaje que trataron de hacer con los senadores ahora lo intenten con los gobernadores. Por ello, es importante que los sectores organizados como los sindicatos, empecemos una movilización en defensa y apoyo a esta decisión histórica que es una reforma electoral de tercera generación.
Los trabajadores debemos estar alertas porque la andanada mediática contra la reforma se hará en todos los espacios de comunicación que los grupos de poder tienen, lo cual no es cualquier cosa. Los medios de comunicación electrónica se volverán a asumir como los adalides de la democracia e iniciarán una guerra sucia en contra de los políticos ahora encarnados en diputados y senadores.
En esta guerra utilizarán la poca aceptación que los partidos y los políticos tienen, frente a la confianza que disfrutan las televisoras antre la sociedad civil; se resaltará que los verdaderos beneficiarios de la reforma son los partidos, la llamada partidocracia, que se quiere apoderar de un IFE ciudadano, moviendo y controlando a gusto a los consejeros ciudadanos; se hablará de que a los comunicadores se les está coartando la libertad de expresión y que los partidos monopolizan la postulación de candidatos a cargos de elección popular. Finalmente, se dirá que Los partidos son un negocio y uno muy rentable, lo que ahora se vuelve más jugoso como consecuencia de la nueva ley electoral.
No se puede esperar otra cosa de alguien que ante la contundencia del acuerdo de todos los partidos para modificar la constitución no pudo más que amenazar y chantajear y se va a quedar sin una substanciosa cantidad de 5 mil millones de pesos. Así que, lo que los trabajadores debemos ver es: 1.- la democracia moderna no se puede entender sin los partidos políticos; que, por lo mismo, no podemos desaparecerlos por más que no creamos en ellos; además de que son ellos los que nombraron a los actuales consejeros que ahora quieren remover; que este poder de los partidos no deriva de una actitud de agandalle, sino de la propia Constitución. Lo claro es que el buscar desprestigiar más a los partidos tiene que ver en este momento con la decisión de prohibir la contratación de publicidad electoral en radio y TV y que los tiempos oficiales se utilicen para ello.
Lo que tenemos que resaltar nosotros los trabajadores es: 2.- la importancia que tiene esta reforma para nuestro futuro político como país. La crisis política electoral de 2006 se dio porque había un Estado cargado de un solo lado y sin posibilidad de que existiera un contrapeso político a eso. La decisión del senado corrige esa deficiencia institucional y le regresa el poder a su verdadero beneficiario y eso, sólo eso, es fundamental para México.
Finalmente, lo que los trabajadores tenemos que hacer es: 3.- los partidos políticos ya encontraron la forma legal y válida de tener un modelo de comunicación con la sociedad, lo cual no es criticable, pero si una alerta para las organizaciones sindicales que no hemos podido encontrar un modelo. Cierto es que sí se ha buscado pero sólo dentro del modelo enfermizo dominado por los medios; así que, lo que tenemos ahora como responsabilidad, es buscar nuestro propio modelo o sumarnos ¿subordinadamente? al que los partidos ya han encontrado.
De cualquier forma, debemos estar alertas y participativos porque la jornada es larga y el país nos demanda.
