El golpe al SME es golpe contra todos los trabajadores

El Estado moderno es inseparable de capitalismo. Las raíces de un gobierno liberal o neoliberal no son otras que las del capitalismo, es decir, la construcción de las condiciones socio-políticas que hacen posible la explotación y la desigualdad. La fase contemporánea del capitalismo en la que se produce una aparente liberación de las ataduras jurídicas y cambios en las prioridades del Estado en beneficio del mercado y del individuo, es posible porque el poder sigue conservando un centro real, físico, claramente identificado. La clase capitalista tiene el poder económico (finanzas y mercado), además, controla el Estado: el poder judicial, el poder legislativo, el Banco Central, el sindicalismo y los medios de comunicación. El poder se fundamenta en la dominación pero también en la fuerza. El liberalismo se impone por la fuerza y con ello niega la política.

No podemos dejar de decir lo anterior porque está en el fondo del golpe de Estado que el actual gobierno le dio al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); porque le proporciona la dimensión exacta al conflicto en el que estamos todos los trabajadores del país y, desde luego, la complejidad del reto que se nos presenta con toda crudeza. Habrá muchos elementos de carácter coyuntural dentro del proceso, pero lo básico es que se trata de una violencia de clase a veces encubierta (dominación) otras no (represión) pero siempre implica, por un lado, la negación de la política como ámbito de actuación del ciudadano y, por otro lado, la imposición de la clase en el poder para beneficio de sus intereses.

El gobierno pudo haber manejado las cosas de otra manera, antes que decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El lugar de utilizar a la Constitución como la vía para restablecer los equilibrios, prefirió usar la fuerza reflejando aquello que dicen del neoliberalismo: la fuerza policial es el pivote que garantiza el orden del Estado neoliberal postmoderno. La idea de que el Estado es ante todo policía.

Este principio de autoritarismo debería merecer una repulsa total y absoluta de las clases populares, empero esto no sucedió por el control sociometabólico, biopolítico, que ejerce el capital contra la sociedad a través de Estado con la ayuda de los medios de comunicación.

Acusar al neoliberalismo de ser un mecanismo para de defensa del interés de la burguesía, sería más que suficiente para entender el ataque contra los electricistas, sin embargo, del lado del SME también hay una historia que facilitó el golpe. Este fructificó porque igualmente del lado sindical hubo ausencia de una práctica política que redundó en un servicio en crisis. No sabemos con claridad si esto se debió a una desconfianza en la política dominante, a una posición ideológica de rechazo a la política neoliberal burguesa o a una falta de oficio político, pero, lo real es que se desarrolla una estrategia de resistencia pura, podríamos decir antisistémica, que termina dañando a la empresa y la calidad del servicio eléctrico.

Desde hace casi dos decenios había una estrategia de Estado de ahorcamiento de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que poco a poco evidenció su deterioro. Nula inversión para modernización, lo que conllevó un envejecimiento del equipo, mantenimiento de sistemas administrativos y de trabajo que exigían crecimiento de personal, cero generación y transmisión de energía eléctrica propia. Todo esto llevó a la LyFC a una dependencia total de CFE y del presupuesto del gobierno federal, a una imposibilidad de imponer condiciones, a una serie amplia de corruptelas donde se implicaron tanto trabajadores, como funcionarios, empresarios y gobierno y finalmente, la aberración total, comprar mas caro de lo que vendía.

Durante mucho tiempo el SME se ganó condiciones económicas y prestaciones sociales elevadas, justas desde luego, pero al mismo tiempo se negaron a contribuir a aumentar la competividad de la empresa y su productividad. No se preocuparon lo suficiente para exigir y participar en su modernización. Cierto, una exigencia claramente neoliberal que, en un contexto ideológico era rechazable, en el entendido de que uno de sus ejes básicos es acabar con el sindicalismo; empero, un planteamiento más equilibrado de la dirección del sindicato habría sido de más utilidad para sus trabajadores afiliados, que en estos momentos están perdiendo sus empleos y las prestaciones sociales.

Además, el conflicto interno fue profundo. Se dividieron casi 50 a 50. La diferencia al final del proceso electoral fue mínima. Aunque no era la primera vez que eso acontecía, se interpuso el negocio. El conflicto lo detonó, creemos, la participación de un grupo de trabajadores y la exclusión de otros, en la generación de energía eléctrica a partir de desechos sólidos y en la utilización de un par de hilos de fibra óptica en la prestación de tres servicios (voz, datos y video).

Por otro lado, por su propia incapacidad y falta de visión de Estado ante la crisis mundial y nacional, el actual gobierno panista se encuentra en medio de una crisis de gobernabilidad y económica, lo que llevó a calificarlo como un Estado fallido. Esto se acentuó después de las elecciones intermedias, las que el gobierno mismo presentó como plebiscito ciudadano. El rechazo público firmó el acta de defunción. Sin embargo, constitucionalmente el muerto puede deambular tres años más y, por lo mismo, le recomendaron usar sus últimos restos de vida para dejarle al próximo gobierno un país mas viable.

Sabedores de que hay una amplia posibilidad de que el próximo gobierno sea de filiación priísta, decidieron mejor usar ese beneficio constitucional a favor de ellos mismos y no arreglarle todo al que venga. En tres años puede pasar todo, dicen. El conflicto interno dentro del SME fue la oportunidad que querían y en ello invirtieron tiempo y dinero. Partido y gobierno, amplios medios de comunicación se ocuparon y es probable que también involucraron al poder judicial y desde luego al poder legislativo.

La respuesta de Estado fue aplaudida por la clase capitalista, porque no sólo se intentaba una solución a un problema endémico en el servicio de energía eléctrica — aunque la solución propuesta no fuera de la excelencia que presume— sino porque se abría una doble opción: se daba un golpe de clase para destruir a un sindicato y debilitar al conjunto del sindicalismo y se ponían las condiciones para una mayor privatización de la industria eléctrica nacional. Insistimos, la ayuda mediática y la propia calidad del servicio de energía eléctrica contribuyeron a que también la sociedad expresara su beneplácito. Dos situaciones que, de alguna forma, contribuyeron a revalorar en un principio, la imagen del gobierno, que era el efecto que se buscaba.

Esta buena recepción por la decisión tomada y el efecto positivo que tuvo en la percepción como gobierno, complicó una salida negociada pues puso al gobierno en una posición de no regreso. Cualquier vía de negociación que se saliera del camino planteado —liquidación y recontratación en CFE con otro contrato colectivo y con ello recuperar el control de los ritmos de trabajo y un nuevo orden en la empresa— se veía difícil o débil, más aún cuando por su parte del SME sólo demandaba restitución de todos los trabajadores en sus puestos, sin condiciones y el restablecimiento de la legalidad constitucional.

Cambiar esto, tengámoslo claro, va más allá de la defensa de un gremio importante como los es el SME, empero pasa necesariamente por ella. Por ello, en esa doble dimensión, la UNT y los telefonistas determinamos expresar nuestra más amplia solidaridad con ellos. Ante esta situación se buscó dar, antes que nada, una respuesta como clase obrera; es decir, en defensa de los trabajadores en general y en particular de los telefonistas y electricistas del SME, porque es evidente que esa actitud del poder real contra los trabajadores bien puede trasladarse en contra nuestra.

Desde luego que no se olvidó el impacto económico que tendría en los electricistas el quedar sin ingresos de la noche a la mañana. Es así que se les dieron despensas, se abrieron los centros operativos para que los electricistas “botearan”, se pusieron mantas expresando nuestra solidaridad y rechazo al acto de gobierno, nuestro secretario general impulsó en la Cámara de Diputados una controversia constitucional y, finalmente, se optó por realizar una falta colectiva.

Después del golpe se exploraron dos vías de impugnación en el ámbito legal. Una, la que se está llevando con la iniciativa del Co. Hernández Juárez en la Cámara de Diputados, donde se pretende presentar una controversia constitucional, si consideramos que en la liquidación de la empresa de luz debió intervenir dicha cámara, cosa que no aconteció y, por tanto, debería proceder la controversia.

La otra vía es la legal apoyados en los preceptos contenidos en la Ley Federal del Trabajo, básicamente donde se habla del patrón sustituto y el reconocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, por lo que los trabajadores contratados por otra empresa para dar un servicio igual, no pierden su s derechos adquiridos.

La primera vía fracasó por el intercambio de favores entre el PRI y el PAN. Presupuesto contra controversia. Se abrió el debate político dentro de la cámara con la mínina participación del PAN y la nula intervención del PRI. Se acordó como la mejor vía posible era la de recopilar firmas de apoyo con el compromiso de que si se juntaban a favor 250 diputados más uno y depositaban su rúbrica en la Mesa Directiva de la cámara, ésta podría, a su vez, suscribir la controversia. Sin el apoyo del PRI era complicado que eso aconteciera.

Al final del proceso legislativo se encontró que los que votaron lo hicieron cada quien por su lado. La diferencia entre los votos registrados en la Mesa Directiva y el total recopilado fue amplio. Sólo se dijo que no se podía afirmar que el PRI estaba en contra de que se revisara este tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se explicó que, con base en la legalidad, se le permitió a cada diputado priísta que votara, en lo individual, a favor o en contra de esta iniciativa. Lo real es que la negociación con el PAN que nos les dejó otra alternativa que la ambigüedad y no podían o no querían aparecer como contrarios al interés de los trabajadores. El Ogro Filantrópico reapareció.

Hasta el momento de redactar este trabajo sólo le quedaba al SME la vía legal en lo laboral, es decir, los amparos, la demanda colectiva por despidos injustificados y la de que CFE se asuma como patrón sustituto, con la experiencia pasada de los ferrocarrileros, quienes nunca pudieron hacer valer esa figura legal. Así es que todavía esta historia no termina y todo indica que los que van perdiendo son los electricistas y con ellos nosotros los trabajadores.